Ley Cultivo Seguro llevará el nombre de Rodrigo Barraza en memoria del Joven Padre de Pichilemu perseguido por cultivar Cannabis para su hijo con Autismo

Ley Cultivo Seguro llevará el nombre de Rodrigo Barraza en memoria del Joven Padre de Pichilemu perseguido por cultivar Cannabis para su hijo con Autismo
LA NORMATIVA LEGAL QUE ESTÁ EN SEGUNDO TRÁMITE LEGISLATIVO Y PROTEGE A USUARIOS MEDICINALES SE LLAMARÁ LEY RODRIGO BARRAZA EN MEMORIA DEL JOVEN PADRE DE PICHILEMU QUE SE QUITÓ LA VIDA TRAS SUFRIR LAS CONSECUENCIAS DE LA PERSECUCIÓN DE LAS POLICÍAS Y EL MINISTERIO PÚBLICO, LUEGO DE SER INJUSTAMENTE ACUSADO DE TRÁFICO POR CULTIVAR CANNABIS PARA SU HIJO AUTISTA Y PERMANECER CASI UN AÑO SIN PODER SALIR DE SU CASA, CON ARRESTO DOMICILIARIO TOTAL.

Pedirán formalmente al Parlamento que la Ley Cultivo Seguro lleve  el nombre de Rodrigo Barraza, joven padre de un niño con autismo que se quitó la vida tras haber sido criminalizado por un cultivo medicinal de cannabis en su casa de Pichilemu, balneario de la Sexta Región. El anuncio lo hizo la Directora Ejecutiva de Fundación Daya, Ana María Gazmuri, durante el conversatorio “Persecución de Pacientes que cultivan cannabis en Chile, una dramática realidad”, transmitido por streaming, en el que participó Catherine Gajardo, viuda de Rodrigo.

La profesora y su  familia sufrieron las consecuencias del estrés post traumático de su criminalización por cultivar 15 plantas en su casa para el tratamiento de su hijo con TEA. Rodrigo fue detenido violentamente por funcionarios de la Policía de Investigaciones, PDI, y estuvo casi un año con arresto domiciliario total. Los policías iban todos los días a la casa, a cualquier hora. Fue absuelto de todos los cargos pero el daño ya estaba hecho. Catherine presentará una demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile por lo que ha sufrido su familia, junto al abogado Fernando Leal. (Ver reportaje de CHV CNN sobre el caso).

“Es muy difícil estar acá pero aquí estoy dando la cara para que se haga justicia con Rodrigo y con todos los pacientes criminalizados. Los policías desde el primer día no nos dejaron tranquilos, nos trataron como delincuentes siempre. El fiscal de Pichilemu, Rodrigo Troncoso, pedía 6 años de cárcel, mi marido dormía a saltos, tenía pesadillas, despertaba llorando… nos acosaban a cualquier hora. Fue terrible”, dijo Catherine entre lágrimas. “Rodrigo fue absuelto en Navidad ese año, pero seguíamos traumatizados, ambos con crisis de pánico, él ya no se quería levantar los últimos meses, ya no quería estar en este mundo. El 15 de septiembre se quitó la vida en la casa que le construyó a su mamá… Dejaron a su hijo sin su papá, sin  su compañero de vida, destruyeron a nuestra familia. Mi hijo lo llama y extraña mucho”, agrega la joven profesora.  

La fundadora de Daya anunció que pedirán formalmente que la Ley Cultivo Seguro lleve su nombre. El proyecto de ley que modifica el Código Sanitario y ya fue aprobado con el 88% de los votos de la Cámara de Diputadas y Diputados, lleva casi tres años a la espera de que la presidenta de la Comisión de Salud, la Senadora Carolina Goic lo ponga en tabla. Hoy, el nuevo presidente es el Senador Rabrindanath Quinteros, quien se ha comprometido a poner la Ley Cultivo Seguro en tabla a la brevedad y a quien Fundación Daya le solicitó audiencia.

“Esta muerte es una consecuencia de la indolencia política, si esta ley hubiera sido aprobada en los tiempos correspondientes, luego de ser aprobada en la Cámara de Diputados, nada de lo que hemos escuchado hoy habría ocurrido. Aún tenemos parlamentarios que no toman conciencia, que banalizan el tema. El Estado de Chile ha vulnerado gravemente los derechos de los usuarios de cannabis y esta situación no debe seguir ocurriendo. No puede quedar impune la muerte de Rodrigo ni el tremendo daño sufrido en manos de agentes del Estado chileno en los casos de pacientes perseguidos”, dijo Ana María Gazmuri, quien agradeció al INDH por sumarse a esta cruzada.

DDHH: ESTREMECEDORES TESTIMONIOS

En la emotiva jornada, también participó Rosa Salazar, paciente de la sede de Chillán de la fundación, con cuyos médicos trata su fibromialgia y las patologías de su hija con discapacidad física y mental. Quien relató la violencia desmedida con la que actuaron los detectives durante el allanamiento y su posterior detención. Hechos que también plasma la querella criminal interpuesta por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, en contra de todos aquellos que resulten responsables, en calidad de autores, cómplices o encubridores por el delito consumado de vejación injusta o abusos contra particulares, por la extrema vulneración de derechos de esta mujer de 55 años de Chillán en manos de la PDI. 

“En mi calidad de mandatario judicial del Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, vengo en deducir querella criminal en contra de todos aquellos que resulten responsables, en calidad de autores, cómplices o encubridores por el delito consumado de vejación injusta o abusos contra particulares, previsto y sancionado en el artículo 255 del Código Penal, cometido en perjuicio de ROSA DEL PILAR SALAZAR ÁVILA, de 55 años de edad, y de CAMILA BELÉN DEL POZO SALAZAR, de 32 años de edad”, dice el documento oficial. (Ver nota de esta histórica querella)

De la misma forma, contó su experiencia el joven psicólogo y educador Sebastián Henríquez, paciente de Talca quien estuvo 17 días en prisión preventiva por tener tres plantas en su casa destinadas a tratamiento médico de un glaucoma que lo afecta tras un accidente con una tijera que se enterró en su ojo izquierdo. Sólo fue liberado por un fallo de la Corte Suprema que revocó la medida cautelar y la cambió por arresto domiciliario nocturno, mientras dure la investigación. El primero de marzo fue allanado y detenido por la Brigada Antinarcóticos de la PDI, quienes no poseían una orden judicial para el procedimiento. (Ver nota de la Defensoría Penal Pública del caso).

“Me forcejearon, empujaron, entraron sin orden y sin mi autorización, me apuntaron con sus armas. Me amedrentaron cuando mostré mi receta médica y que era paciente de Fundación Daya Chillán, me decían que ‘la Fundación Daya es un negocio, te dejarán solo’. Me detuvieron y cuando pensé que mi pesadilla se acababa al juez se le ocurrió que soy un peligro para la sociedad y me envió a prisión preventiva. Estuve 17  días compartiendo celda con dos hombres más, estando 23 horas encerrados al día, sin agua corriente, sin baño. Fue una tortura, fue inhumano”, acusa Sebastián. El INDH también está trabajando en este caso.

Se sumó también desde Panguipulli, la profesora Disha Duarte, con dolor crónico por una fractura de columna tras un accidente de tránsito en su adolescencia, a quien le arrebataron su cultivo en un dramático allanamiento. Carabineros llegó hasta su casa traspasando su portón sin orden ni permiso e incautaron 12 plantas que tenía en el invernadero junto con su huerta. Ella estaba dando clases por zoom cuando la allanaron. Se llevaron detenido a su esposo. El procedimiento policial fue difundido por la prensa local como un golpe al narcotráfico. Disha está muy afectada emocionalmente y además teme perder su trabajo.

«Es una sensación de impotencia, yo contaba con todos mis papeles pero ellos no escuchaban. Además del dolor agudo que siento las 24 horas todos los días por mi doble fractura de columna, desde hace décadas, tengo Alodinia, me duele ponerme la ropa, me quema tener ropa puesta… es difícil todo esto no puedo dejar de pensar que con la incautación de todas mis plantas me quedé sin mi medicamento que es lo único que me ayuda, era mi tratamiento para todo el año. Les rogué llorando que no se llevaran mis plantas. No me puedo bañar sola, no puedo conducir. Quisiera que la gente entendiera, que se pusieran en nuestro lugar. Nosotros no estamos traficando ni haciéndole daño a nadie. Con el cannabis fui capaz de dejar las pastillas, de tener ganas de levantarme de la cama, de trabajar. El cannabis no me quita todo el dolor pero me permite vivir y me da dignidad en el dolor», recordó Disha, entre sollozos.

También Steve León, joven colombiano paciente de Daya Quilpué, quien sufrió un grave accidente de tránsito en contexto laboral, que lo dejó con secuelas físicas tras fractura de sus dos piernas, camina con muletas. Tenía una sola planta en su casa y fue denunciado por sus vecinos. Fue detenido el 2019 en un violento allanamiento, donde los efectivos policiales ingresaron sin orden y sin permiso. Acusa además que le robaron la pensión de invalidez que había cobrado recientemente. Hoy está con la medida cautelar de arraigo nacional y aún no puede volver a su país para reencontrarse con su familia, que ya partió a su país natal de forma definitiva.  

La necesidad de detener el dramático incremento de la persecución del Ministerio Público y las policías hacia pacientes usuarios de cannabis medicinal, es urgente. Los cultivos personales de cannabis destinados a uso personal, exclusivo y próximo en el tiempo, incluido el medicinal, no están penalizados en la Ley 20.000. La gran mayoría de los usuarios criminalizados son sobreseídos pero quedan gravemente afectados en su salud emocional, psicológica y física, traumatizados por la vulneración a sus derechos. Por lo demás, pierden sus plantas y materia prima por lo que se ven obligados a interrumpir sus tratamientos médicos, con las consecuencias que ello trae en el tratamiento de sus patologías.

“Estamos ante una vulneración a los Derechos Humanos, de un Estado que en vez de acoger, cuidar y acompañar, decide perseguir, y persigue a los más débiles. Son las policías las que insisten en esta mirada pero vienen avaladas y oficiadas por el Ministerio Público, por la Fiscalía, que se ha empeñado en esta absurda criminalización. El problema que tenemos hoy día es que tenemos un Poder Ejecutivo, un Ministerio del Interior, un Senda, que niega rotundamente esta realidad, negando incluso la propia legislación vigente”, dice Ana María Gazmuri, quien adelantó que trabajarán en un proyecto de ley de reparación a las víctimas de la Ley 20.000. 

La actividad contó con la participación de la candidata a gobernadora de la Región Metropolitana, Karina Oliva, quien comprometió su apoyo, “Esta discusión es una urgencia no sólo en el parlamento, también en los municipios, gobiernos regionales, esto no es un tema banal, es una urgencia”, aseguró. 

Moderó también el foro la presidenta y fundadora de Mamá Cultiva y candidata a la alcaldía de Quilicura, Paulina Bobadilla. “El narco se está apoderando de las poblaciones pero las policías nos persiguen a nosotros, nos tratan como delincuentes, que lo único que buscamos es tener una mejor calidad de vida. Es indignante. Bajo los hombros de Carolina Goic está la muerte de Rodrigo y la pesadilla que pesa todos los días en las familias cultivadoras ante inminentes allanamientos”, dijo la postulante al sillón edilicio.

La fundación inició también una petición pública que ya supera las 6.300 firmas (ver declaración) para acelerar tramitación de la Ley Rodrigo Barraza. Miles de personas siguieron también la transmisión del conversatorio en simultáneo por las cuentas de Fundación Daya de Facebook, Twitter y Youtube.

puntolontuenoticias

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